La UBA suspendió la emergencia presupuestaria tras recibir aumento de fondos del ejecutivo
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires decidió levantar la emergencia presupuestaria luego de que el Gobierno aprobara significativos aumentos en los gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) suspendió la emergencia presupuestaria que había declarado el pasado 10 de abril, tras la aprobación de nuevos fondos por parte del Gobierno nacional. Los incrementos consistieron en un refuerzo de 26.016 millones de pesos para gastos operativos y de 35.436 millones de pesos destinados a mantener los niveles de atención de salud en los hospitales universitarios.
En dos resoluciones firmadas por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el Ministerio de Capital Humano otorgó los fondos adicionales que la UBA necesitaba urgentemente para garantizar su funcionamiento. Este ajuste representa un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento y del 300% para los hospitales universitarios respecto al presupuesto del año anterior.
Fuentes de la Universidad aclararon que estos nuevos recursos están dirigidos exclusivamente a la operatividad de la institución, dejando aún sin resolver temas cruciales como la cuestión salarial, la investigación y la infraestructura. “Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, afirmó el Consejo Superior en su reciente resolución.
Mientras tanto, el resto de las universidades nacionales, que también han estado reclamando desde principios de año, manifestaron su descontento y preocupación. A través de diversas movilizaciones, incluida la Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril, han evidenciado que la problemática financiera no se ha resuelto en las otras 60 instituciones estatales de educación superior del país.
El rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, expresó: “Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”. Este sentimiento de discriminación federal ha sido un punto crítico en el debate sobre la distribución de fondos públicos.
Por su parte, la UBA ha mostrado solidaridad con el resto del sistema universitario. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la institución, declaró: “Por supuesto que la UBA también va a reclamar no solo los gastos de funcionamiento de la UBA, sino de todo el sistema. Tal vez la UBA, por una cuestión de volumen, es la que tiene mayor repercusión, pero para nosotros es importante que el resto de las universidades puedan funcionar”.
En tanto, en el Congreso nacional se encuentran en consideración varios proyectos de ley para asegurar un financiamiento adecuado para las universidades. Desde el Consejo Superior de la UBA se ha apoyado firmemente la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario que establezca parámetros objetivos en la distribución del presupuesto, así como un criterio de actualización para mantener el poder adquisitivo de las asignaciones.
Las universidades estatales han venido reclamando desde principios de año una actualización presupuestaria acorde con la inflación. En 2023, el presupuesto para estas instituciones y sus áreas de salud fue de 1.385.290 millones de pesos, sin aumentos significativos frente a la inflación. A pesar de una ampliación de 30.629 millones en marzo y otro incremento del 70% en abril para gastos de funcionamiento, el presupuesto vigente apenas representa un 4,1% más que el anterior.
Según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), considerando la inflación proyectada para 2024, la última ampliación presupuestaria implicó una reducción real del 71% en comparación con 2023. Este cálculo se basa en una inflación proyectada del 189%, con un índice interanual de 265%.
En conclusión, la decisión de la UBA de suspender la emergencia presupuestaria refleja una respuesta inmediata a los incrementos de fondos otorgados por el Gobierno, aunque persisten preocupaciones significativas en materia de salarios, investigación e infraestructura. Asimismo, el resto de las universidades nacionales continúa en alerta, demandando una solución equitativa y sostenible para el financiamiento de la educación superior en todo el país. La aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario podría ser un paso crucial para garantizar la estabilidad y el desarrollo del sistema educativo argentino en su conjunto.
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