Este
sindicalismo que nada dijo cuando durante
el gobierno de Carlos Menen sus representantes
fueron prácticamente borrados de
las listas de candidatos a cargos legislativos,
intenta ahora, con el apoyo de diputados
opositores, impedir cualquier cambio que
se intente realizar para beneficiar a la
población de la ciudad. No importa
que. Cualquier medida que se intente implementar
para remediar viejos problemas, tendrá
la oposición de un grupo de legisladores
que solo alcanzaron la tercera o la cuarta
minoría. Así ocurrió
recientemente con el proyecto de “poner
en vereda” a los conductores desaprensivos
y una verdadera batalla se libró
frente al Palacio Legislativo, entre bandas
organizadas y el frágil esquema policial
dispuesto por las autoridades de la Nación.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador
Scioli, en una demostración que nuevos
tiempos se han iniciado en la provincia,
no apañó a los delincuentes
que asaltaron las oficinas de uno de sus
ministerios y a pesar de la inicial pasividad
judicial, logró que la investigación
identificara y detuviera al principal responsable,
incautándose armas, explosivos y
valiosa documentación. Ahora habrá
que esperar que se conozca los nombres de
quienes animaron al autor a armar la banda
delictiva.
El Sindicato de la Construcción
quiso paralizar la ciudad y ordenó
mas de 30 cortes de calles. La reprobación
pública fue tan grande, que debieron
salir a pedir disculpas a la población
y uno de sus dirigentes recibió como
penalidad “tener que pintar escuela
u hospitales”. Mucho no le costará,
pero los miles de ciudadanos que sufrieron
los cortes tuvieron para ellos una condena
social mucho mayor.
Poco después
el Sr. Ibarra con algunos de sus amigos,
inventaron un “bocinazo” para
que la ciudad repudiara los ajustes en ABL.
Pensaban que se iba a revivir el cacerolazo
de 2001. Poco sentido de la realidad. Las
únicas bocinas que se escucharon
aquel mediodía fue la de los ocho
o diez automóviles de la comitiva
organizadora. Nunca más hablaron.
Y a pesar del continuo parloteo de los medios,
la población aceptó, no sin
protestar un poco, el revalúo de
los terrenos donde se emplazar las fincas.
¿O acaso no aceptan sin chistar,
todos los años, el pago de patentes
actualizado según los valores que
da la Caja de Seguros? El Sr. Ibarra podría
ocuparse un poco de la causa “Cromañón”.
Nadie desconoce, salvo los favorecidos,
que existen miles de personas empleados
de la ciudad que no cumplen funciones efectivas
y cuyos contratos fueron parte de favores
políticos. Y aún si no lo
fueran, quienes firman un contrato saben
que tiene un vencimiento. Y que es privativo
de quién ordenó la contratación
considerar si debe prorrogarse o no. La
medida disponiendo la no renovación
de los contratos que vencían en diciembre
de 2007 llevó al sindicato a disponer
un paro de 72 horas que, como siempre, perjudicaría
a la masa trabajadora. Se dieron cuenta
a tiempo y anularon la decisión.
Apareció luego la intervención
a su Obra Social, para permitir que se cumpliera
la ley que impone la norma que es el afiliado
quien debe elegir la obra social a la cual
quiere estar adherido. Solicitud que los
afiliados vienen requiriendo desde el gobierno
de Ibarra, sin ser nunca escuchados.
Esta vez encontraron
el artificio del “amparo judicial”
y por supuesto un magistrado a su medida.
Sin embargo, la legislatura, a pesar de
la oposición increíble de
diputados que se oponen a que se aplique
una ley, votó favorablemente la autorización
a Macri para que intervenga la obra social.
Y mientras miles de afiliados están
de acuerdo, ellos los “dirigentes”,
seguirán buscando el artificio judicial.
La frutilla del postre
fue la intervención del “lider”
de la CGT: Moyano calificó de “genocidio
laboral” las medidas dispuestas. ¿Sabrá
lo que dice?
Hace menos de 30 días que el nuevo
gobierno de la ciudad comenzó a ejercer
sus funciones. Frente a los hechos narrados,
no es posible pensar que existe un plan
premeditado para lograr, como otrora, un
caos que onvierta a la ciudad en un infierno?
A todo esto debemos recordar que la ciudad
de Buenos Aires no tiene policía
propia y por tanto las órdenes y
jefatura de sus hombre dependen de un funcionario
nacional. Es decir opositor al Gobierno
de la Ciudad. Lo recordamos al Lic. Filmus
recorriendo el barrio de Boedo, donde estuve
varias veces de la mano de uno u otro puntero,
afirmando que iba a promover la ley para
que la Policía Federal pasara, en
las áreas pertinentes, a depender
de la Ciudad de Buenos Aires. Promesas de
un día.
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