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OTROS HOMENAJES EN RELACIÓN CON EL
24 DE MARZO DE 1976


     Declarar un feriado nacional para recordar los horrores de los crímenes del gobierno de las Juntas Militares durante el período 1976 -1983, pasando por alto que la investigación y conocimiento de los aberrantes hechos fueron posibles merced a la decisión del presidente Raul Alfonsín, que tomó la decisión de enjuiciar a los miembros de las Juntas, acontecimiento sin precedentes en el mundo; que gracias a la infatigable labor de la CONADEP, presidida por el escritor Ernesto Sábato, se pudo reconstruir la historia de las desapariciones de personas y que fue un tribunal de reconocidos juristas quien dictó las sentencias condenatorias, aparece como una omisión injustificable. Llevados por el propósito de recordar estas circunstancias ofrecemos alguna de estas referencias.

     A poco de hacerse cargo del gobierno, el presidente Raúl Alfonsín ordenó el procesamiento de las Juntas Militares que gobernaron durante la dictadura militar (1976 - 83), responsables, en última instancia, de los horrores cometidos y nombró una comisión para investigar esos crímenes (CONADEP). Como presidente fue designado Ernesto Sábato.
La CONADEP estuvo integrada por Ernesto Sábato (presidente), Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernandez Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jamie F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernandez Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragon, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
Al cabo de nueve meses, esa comisión expidió sus conclusiones, resumidas en el libro Nunca más, que lleva un prólogo escrito por el propio Sábato que aquí transcribimos parcialmente.
El 22 de abril de 1984, en el marco de la por entonces incipiente democracia argentina, la Cámara Federal inició el histórico juicio a los jefes de la última dictadura militar, acusados de perpetrar violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Las sentencias fueron dictadas por la Cámara Federal el 9 de diciembre de 1985 tras 900 horas de audiencias entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985.
Nunca más (prólogo)

     Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones facistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en acasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que parecia saber mucho, le respondió con palabras memorables: "Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura".

     No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos. Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República…

…Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y hasta se han demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aun en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían.

… Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas. Nuestra misión no era la de investigar sus crímenes sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno o de otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente, porque ese terror produjo muertes, no desaparecidos. Por lo demás el pueblo argentino ha podido escuchar y ver cantidad de programas televisivos, y leer infinidad de artículos en diarios y revistas, además de un libro entero publicado por el gobierno
militar, que enumeraron, describieron y condenaron minuciosamente los hechos de aquel terrorismo.

…Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado
El informe de la Comisión, valorado en todo el mundo y traducido a varios idiomas, finaliza con un capítulo de conclusiones, del cual hemos extractado, ante las distintas versiones que recorren las páginas de periódicos, discursos y otros testimonios, la cita relacionada con el número de personas desaparecidas, que aparece entonces como el dato más legítimo, con la salvedad que la misma Comisión realiza al respecto.

Conclusiones
* Hasta la fecha de presentación de este informe, la CONADEP estima en 8.960 el número de personas que continuan en situación de desaparición forzosa, sobre la base de las denuncias recibidas por esta Comisión, compatibilizadas con nóminas elaboradas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

Esta cifra no puede considerarse definitiva, toda vez que la CONADEP ha comprobado que son muchos los casos de desapariciones que no fueron denunciados. Asimismo, no se descarta que pudiera estar incluida en la nómina elaborada alguna persona que no comunicó oportunamente el cese de su desaparición a los organismos pertinentes.

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