OTROS HOMENAJES EN RELACIÓN
CON EL
24 DE MARZO DE 1976
Declarar un feriado nacional
para recordar los horrores de los crímenes del
gobierno de las Juntas Militares durante el período
1976 -1983, pasando por alto que la investigación
y conocimiento de los aberrantes hechos fueron posibles
merced a la decisión del presidente Raul Alfonsín,
que tomó la decisión de enjuiciar a los
miembros de las Juntas, acontecimiento sin precedentes
en el mundo; que gracias a la infatigable labor de la
CONADEP, presidida por el escritor Ernesto Sábato,
se pudo reconstruir la historia de las desapariciones
de personas y que fue un tribunal de reconocidos juristas
quien dictó las sentencias condenatorias, aparece
como una omisión injustificable. Llevados por
el propósito de recordar estas circunstancias
ofrecemos alguna de estas referencias.
A poco
de hacerse cargo del gobierno, el presidente Raúl
Alfonsín ordenó el procesamiento de las
Juntas Militares que gobernaron durante la dictadura
militar (1976 - 83), responsables, en última
instancia, de los horrores cometidos y nombró
una comisión para investigar esos crímenes
(CONADEP). Como presidente fue designado Ernesto Sábato.
La CONADEP estuvo integrada por Ernesto Sábato
(presidente), Magadalena Ruiz Guiñazú,
Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernandez
Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall
Meyer, Mons. Jamie F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago
López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela
Fernandez Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragon,
Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
Al cabo de nueve meses, esa comisión expidió
sus conclusiones, resumidas en el libro Nunca más,
que lleva un prólogo escrito por el propio Sábato
que aquí transcribimos parcialmente.
El 22 de abril de 1984, en el marco de la por entonces
incipiente democracia argentina, la Cámara Federal
inició el histórico juicio a los jefes
de la última dictadura militar, acusados de perpetrar
violaciones a los derechos humanos y crímenes
de lesa humanidad.
Las sentencias fueron dictadas por la Cámara
Federal el 9 de diciembre de 1985 tras 900 horas de
audiencias entre el 22 de abril y el 14 de agosto de
1985.
Nunca más (prólogo)
Durante la década
del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror
que provenía tanto de la extrema derecha como
de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido
en muchos otros países. Así aconteció
en Italia, que durante largos años debió
sufrir la despiadada acción de las formaciones
facistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares.
Pero esa nación no abandonó en ningún
momento los principios del derecho para combatirlo,
y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales
ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías
de la defensa en juicio; y en acasión del secuestro
de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de
seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar
a un detenido que parecia saber mucho, le respondió
con palabras memorables: "Italia puede permitirse
perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura".
No fue
de esta manera en nuestro país: a los delitos
de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron
con un terrorismo infinitamente peor que el combatido,
porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el
poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando,
torturando y asesinando a miles de seres humanos. Con
tristeza, con dolor hemos cumplido la misión
que nos encomendó en su momento el Presidente
Constitucional de la República…
…Esa labor fue muy ardua, porque
debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después
de muchos años de producidos los hechos, cuando
se han borrado deliberadamente todos los rastros, se
ha quemado toda documentación y hasta se han
demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues,
en las denuncias de los familiares, en las declaraciones
de aquellos que pudieron salir del infierno y aun en
los testimonios de represores que por oscuras motivaciones
se acercaron a nosotros para decir lo que sabían.
… Se nos ha acusado, en fin, de
denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos
que sufrió nuestra nación en los últimos
tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo
que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna
manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación.
Por el contrario, nuestra Comisión ha repudiado
siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más
en estas mismas páginas. Nuestra misión
no era la de investigar sus crímenes sino estrictamente
la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera
que fueran, proviniesen de uno o de otro lado de la
violencia. Los familiares de las víctimas del
terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente, porque
ese terror produjo muertes, no desaparecidos. Por lo
demás el pueblo argentino ha podido escuchar
y ver cantidad de programas televisivos, y leer infinidad
de artículos en diarios y revistas, además
de un libro entero publicado por el gobierno
militar, que enumeraron, describieron y condenaron minuciosamente
los hechos de aquel terrorismo.
…Las grandes calamidades son siempre
aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama
que en toda su historia sufrió la Nación
durante el período que duró la dictadura
militar iniciada en marzo de 1976 servirá para
hacernos comprender que únicamente la democracia
es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror,
que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados
y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente
así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS
en nuestra patria se repetirán hechos que nos
han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado
El informe de la Comisión, valorado en todo el
mundo y traducido a varios idiomas, finaliza con un
capítulo de conclusiones, del cual hemos extractado,
ante las distintas versiones que recorren las páginas
de periódicos, discursos y otros testimonios,
la cita relacionada con el número de personas
desaparecidas, que aparece entonces como el dato más
legítimo, con la salvedad que la misma Comisión
realiza al respecto.
Conclusiones
* Hasta la fecha de presentación
de este informe, la CONADEP estima en 8.960 el número
de personas que continuan en situación de desaparición
forzosa, sobre la base de las denuncias recibidas por
esta Comisión, compatibilizadas con nóminas
elaboradas por organismos nacionales e internacionales
de Derechos Humanos.
Esta cifra no puede considerarse definitiva,
toda vez que la CONADEP ha comprobado que son muchos
los casos de desapariciones que no fueron denunciados.
Asimismo, no se descarta que pudiera estar incluida
en la nómina elaborada alguna persona que no
comunicó oportunamente el cese de su desaparición
a los organismos pertinentes.
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