Creemos
que, equivocadamente, los citados legisladores
porteños han pergeñado un
proyecto de ley que tiende a modificar la
actual reglamentación que rige el
funcionamiento de la Red de Medios Barriales
de Comunicación. Decimos equivocadamente
ya que resulta impensable que nuestros representantes
en la Legislatura se apresuren a dictar
leyes de contramano a los intereses de la
ciudadanía, sin un debido análisis
previo y confrontación de ideas con
las personas o grupos interesados en el
tema. Los medios barriales de comunicación
social, como ha dado en llamarse a las casi
cien publicaciones gráficas (diarios
o revistas) que se distribuyen gratuitamente
en todo el distrito capitalino, sumando
miles de ejemplares, que incluyen además
a la programación radial que por
distintas emisoras se realicen con igual
propósito, o las decenas de sitios
que en la web llevan información
barrial y de la ciudad de Buenos Aires por
el mundo globalizado, son medios periodísticos
sostenidos casi exclusivamente con el esfuerzo
personal de unos pocos editores y colaboradores
próximos, que en esporádicas
ocasiones alcanzan para sostener los costos
de edición y/o producción.
Son tribunas
a veces de pensamiento y de expresión
crítica, o de denuncia, pero casi
sin excepción ajenos a los intereses
políticos de determinados partidos
políticos.
Por
eso nos llama la atención este súbito
interés por aprobar una legislación
sin duda destinada a dificultar la continuidad
y sostenimiento de estos medios, verdaderos
artífices en la comunicación
entre vecinos de distintos barrios. Ya en
la actualidad y desde hace un tiempo la
Red de Medios vio dificultado su accionar
por distintas medidas tomadas por las autoridades
de control, pero siempre se han olvidado
de señalar que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires hace ya ocho o nueve
meses que no abona a los medios el importe
de las pautas publicitarias que la ley le
impone, llevando a muchos de ellos a una
situación de inminente cierre, agravado
por el incesante aumento de los costos de
papel e impresión, cuyo incremento
nada tiene que ver con los artificios de
las estadísticas oficiales sobre
el costo de vida.
Hemos
estado en contacto con los diputados mencionados,
en reuniones en algún momento ríspidas,
por la incomprensión ante los argumentos
presentados por los dirigentes de la Red
de Medios. No obstante estos desencuentros
verbales nos hemos llevado la impresión
que se volverá a analizar el proyecto
y, si no fuera así, estamos seguros
que su tratamiento en Comisión llevará
a una segura discusión que dificultará
su tratamiento en el plenario y, aún
así, de llegarse a éste, dudamos
pueda obtenerse la mayoría necesaria
para su aprobación.
Una
lectura más fina y política
del proyecto, nos haría creer que
estaríamos frente a una ley “chavista”
de cercenamiento de la libertad de prensa,
en línea con el conocido desapego
que el Gobierno Nacional tiene por los medios
de difusión de cualquier tipo, salvo
los bendecidos por la estructura oficial.
Para concluir, transcribiremos
a continuación el editorial publicado
por nuestro colega de www.ensantelmo.com.ar
sobre el tema:
Busca
silenciar las voces populares y alternativas.
Prohíbe la publicidad del Gobierno
de la Ciudad en más de un medio de
un mismo editor de medios barriales de distribución
gratuita. Establece para los sitios digitales
una pauta que no llega al 0,2 por ciento
del valor más bajo de la página
7 de Clarín. Exige a quienes quieran
integrar el Registro de Medios Vecinales
acreditar el cumplimiento de obligaciones
fiscales y un mínimo de dos años
de antigüedad para que puedan obtener
una publicidad oficial. Crea un Jurado para
controlar a los medios barriales integrado
por legisladores, académicos y representantes
de los medios masivos.
El legislador del Frente Para la Victoria
y presidente de la Comisión de Comunicación
Social de la Legislatura, Elvio Vitali,
junto con el legislador del ARI, Facundo
Di Filippo, presentaron el 1 de agosto el
proyecto “Regulación de la
contraprestación publicitaria de
los Medios Vecinales de Comunicación
Social con el Gobierno de la Ciudad”
(1723-D-2007), que restringe las pautas
publicitarias a los medios barriales.
Después
de movilizarse durante años con el
apoyo de la Unión de Trabajadores
de Prensa de Buenos Aires, la Defensoría
de Pueblo y de los vecinos, los medios barriales
de distribución gratuita consiguieron,
en el 2002, que se reglamentara la ordenanza
52.360/97. El ordenamiento legal, vigente
en la actualidad, establece la obligación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
de crear un Registro de Medios Vecinales
y de incluir pautas publicitarias en los
medios barriales de distribución
gratuita que lo integran. Fue un avance
contra la arbitrariedad y discriminación
en la publicidad, ya que a partir de ella
y por primera vez, sin depender del contenido
o de la voluntad de los funcionarios de
turno, la Ciudad fue obligada a publicar
en los medios barriales.
Conforme lo establecido,
para acceder a la publicidad oficial, los
medios barriales del Registro tienen que
tener una antigüedad mínima
de un año, la mitad de sus contenidos
vinculada a los barrios y a la ciudad, menos
del 50 por ciento de publicidad, tener un
tiraje mínimo de 2 mil ejemplares
y estar, en el caso de los medios gráficos,
inscriptos en el Registro de la Propiedad
Intelectual, entre otros requisitos.
En el año
2006 hubo 90 integrantes del Registro de
Medios Vecinales. Estos medios reciben un
aviso todos los meses. Sumadas las
más de mil pautas que recibieron
el año pasado, no llegaron al 1,5
% del total del gasto oficial de publicidad
del Gobierno de la Ciudad.
Para limitar la posibilidad
de que las publicaciones que expresan las
voces de los vecinos accedan a pautas del
Gobierno de la Ciudad, Vitali y Di Filippo
buscan imponer una antigüedad mínima
de dos años (el doble de la exigida
en la actualidad), impiden por ley que los
editores barriales reciban publicidad en
más de un medio, imponen obligaciones
fiscales, rebajan los montos actuales de
las pautas en algunos casos en más
de un 60% y establecen una polémico
Jurado evaluador. En el caso de
las web el monto de la pauta pensada en
el proyecto de Di Filippo y Vitali no alcanza
a la cuarta parte de un salario mínimo.
El proyecto
“Regulación de las contraprestaciones
publicitarias de los medios vecinales de
Comunicación Social con el Gobierno
de la Ciudad”, busca ahogar económicamente
a los medios barriales, ya que impone todas
las restricciones posibles para acceder
a la pauta oficial y establece un ajuste
de tal magnitud, que a los medios les dejará
de servir la publicidad oficial.
De aprobarse el proyecto de Di Filippo y
Vitali, para que los medios barriales puedan
acceder a un “sistema de estímulo
a la calidad en la producción editorial”,
habrá un Jurado. Estará integrado
por tres miembros designados por la Legislatura,
tres académicos y tres
representantes de medios masivos
(los menos interesados en su existencia,
por no decir los directamente interesados
en que dejen de existir), los
medios barriales no tendrán ninguna
representación.
“Ante
el fenómeno de concentración
empresaria, uniformidad de voces y despunte
tecnológico informático que
caracteriza a los llamados “multimedios”,
verdaderos oligopolios informativos, la
prensa vecinal, básicamente gráfica
y emisoras radiales de frecuencia modulada,
logró convertirse en la otra “otra
voz” o la “voz alternativa”
y hasta en la única voz propaladora
de la opinión de cada barrio, lo
cual, a su vez, garantiza en la práctica
la democratización de la información
y se constituye en un reaseguro para la
vigencia de los preceptos constitucionales
de libertad de prensa y expresión”,
reconocen Di Filippo y Vitali en los Fundamentos
del proyecto.
“Es
que los medios vecinales contribuyeron –y
contribuyen- a rescatar la identidad, la
historia y las distintas manifestaciones
artísticas, culturales y sociales
de cada barrio”, admiten los legisladores
en la Fundamentación de la ley.
Su proyecto en cambio,
les exige a los medios barriales múltiples
requisitos y controles que no se le piden
a los dueños de los grandes multimedios.
Su propuesta restringe y dificulta al máximo
el acceso de los medios barriales a la pauta
estatal. Ahoga económicamente y discrimina
a los medios vecinales. Al impulsar una
publicidad de un monto más parecido
a una propina que a un aviso, Di Filippo
y Vitali buscan disminuir aún más
el escaso el apoyo del Estado a los medios
en los que las voces alternativas y populares
tienen espacios de expresión.
Mario J. Bruno
Director-Propietario
www.nuevociclo.com.ar
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