CRONICA
DE UN PAIS SANGRIENTO
ANTE LA AUSENCIA
DE UNA AUTORIDAD QUE PRESERVE EL ORDEN, AVANZA LA JUSTICIA
(¿) POR MANO PROPIA.
Hace pocos días
fue noticia. Horrorizados nos enteramos de la tragedia
de un padre que ante el accidente en el cual perdió
la vida su pequeña criatura, tomó una
gran piedra y mató de un golpe en la cabeza al
taxista víctima también del luctuoso hecho;
hoy los diarios ponen su atención, igual que
ayer las radios y la TV., sobre la furia desatada en
Los Hornos ante el incalificable asesinato de un ladrón
pescado “in fraganti”, detenido y muerto
luego por los policias delincuentes que lo transportaban
en un vehículo de la repartición. En diciembre,
durante toda una noche fue función televisiva
el asalto a un local bailable en Lomas de Zamora, donde
un custodio había dado muerte a un joven asistente.
Una turba que nada tenía que ver con los desolados
parientes y amigos, se enfrentó con la policía,
cuya imagen en la TV fue lastimosa. Soportaron con entereza
todo tipo de insultos, pedradas y hasta enfrentamientos
personales. Resultado. La casa quemada, defendida por
empleados fuera de sí, seis policías heridos,
quince menores detenidos y entregados a sus padres pocas
horas después y cuatro adultos que ya estarán
caminando tranquilamente por Lomas. A mediados de año,
las cámaras y el periodismo registraron el alzamiento
en Morón, destruyendo infinidad de comercios,
por nada; en febrero de 2006se lloró la muerte
de un oficial de policía de la Comisaría
de Las Heras (Santa Cruz), asesinado por una turba de
sindicalistas petroleros que exigían la libertad
de un detenido. Jorge Sayago, la víctima, salió
del edificio de la comisaría para calmar los
ánimos y fue muerto de un balazo, golpeado en
el rostro con una pala y desfigurado y, acuchillado
por la espalda. Como si fuera poco, la ambulancia que
lo trasladaba fue baleada. Hasta ahora, la viuda sigue
llorando con su bebé de poco más de un
año esa muerte increíble. Culpables? Un
poco más atrás, fue asaltada la comisaría
de El Jaguel, en la provincia de Buenos Aires, por una
muchedumbre que protestaba por el asesinato de Diego
Peralta, un muchacho de 17 años secuestrado,
torturado y muerto por sus captores, que cobraron igualmente
su rescate. Aquí los culpables fueron detenidos
y enjuiciados. Ninguno era personal policial. Todos
recordaremos el asalto y toma de la comisaría
de La Boca, protagonizado por el ex funcionario Luis
D’Elía. Quisieron hacer justicia ante la
muerte de uno de sus compañeros.
Ahora también en
las relaciones internacionales, tampoco interesan los
fallos de las organizaciones a las cuales el país
está adherido. Algunos pocos cientos de manifestantes
de organizaciones de la ultra izquierda y algunas decenas
de pobladores de Gualeguaychú impusieron al Gobierno
Nacional un operativo de prevención que ocupó
más de un millar de efectivos, con los consiguientes
inconvenientes para el ciudadano común, el trabajador,
la actividad productiva. La pasividad de las autoridades
ante estos hechos resulta alarmante. Los “piqueteros
porteños”estuvieron presentes con representantes
del Partido Obrero (14.178 votos en las últimas
elecciones de la ciudad de Buenos Aires (0,8% del total),
las Asambleas Populares (3.335 votos en igual oportunidad
(0,19%) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores
(35.684 sufragios – 2,01% del total). Ninguna
de estas representaciones “populares” alcanzó
a tener un representante en la Legislatura. Lo notable,
vinculado al título de la nota, que el Sr. Néstor
Pitrola es funcionario del Poder Ejecutivo de la provincia
de Buenos Aires, y su deseo de hacer justicia por mano
propia, lo pudo haber llevado a enfrentar a las propias
fuerzas de seguridad del gobierno nacional.
Pero la justicia por propia
mano tiene su historia. El 14 de junio de 1951 la C.G.T.
aliada incondicional del gobierno expresaba en un comunicado:
“Es aspiración unánime de la clase
trabajadora argentina mantener la paz y la justa convivencia
en nuestra patria, pero ante cualquier eventualidad
que amenace perturbar su tranquilidad y las conquistas
logradas al amparo del régimen justicialista,
está dispuesta a defender sus derechos en todos
los terrenos y por todos los medios y sea cual fuera
la fuerza que haya que enfrentar. Si llegara ese momento,
que no desea, pero que afrontará con toda energía
la clase trabajadora argentina hace responsable de la
sangre que pudiera derramarse a todos esos traidores
enemigos de la patria, de su soberanía y de su
justicia social, advirtiéndoles, por única
y última vez, que mediten antes de exponerse
a la represión de los trabajadores y no tengan
que llorar con lágrimas de sangre ellos y sus
hijos, ante el escarmiento que será sin contemplaciones
y definitivo. Si alguna vez, como sucedió hace
muchos años en Chicago, se deben levantar horcas
en la argentina, no colgarán de ellas los trabajadores
sino quienes los enfrentaron desoyendo esta advertencia
que lleva tras sí la serena decisión de
las resoluciones irrevocables. Desde este momento la
C.G.T. hace saber a sus trabajadores justicialistas
y delegados en lugares de trabajo, que deberán
reprimir personalmente y con toda energía y con
los medios que las circunstancias hagan necesario, toda
tentativa de perturbación de los enemigos, que
pretendan hacerlo mediante la circulación de
un folleto, oralmente o de cualquier otra forma.”
(“Clarín”, viernes 15 de junio de
1951, Pág. 2).
Ante semejantes afirmaciones, ¿Qué se
le puede imputar a quienes ejecutaron al dictador iraquí?.
Aníbal Lomba
Especial para www.nuevociclo.com.ar
www.nuevociclo.com.ar
Producción Propia
Más
noticias |
