Ya
han sido varias las empresas privatizadas
hace unos años que volvieron a la
propiedad estatal o a ser dirigida por las
estructuras sindicales (Caso Aguas y Saneamientos,
por ejemplo) , como consecuencia de la anulación
de contratos o de renuncia de los licenciatarios,
motivados por causas diversas donde no fueron
ajenas las presiones recibidas desde distintas
fuentes.
El
caso de Aerolíneas Argentinas es
sintomático. El estado argentino
mantiene el 5% del capital accionario de
la empresa aérea, propiedad ahora
del grupo español Marsans y el gobierno
hizo saber su deseo de aumentar el 20% del
paquete accionario de la Compañía.
Los
directivos de AA han llamado repetidamente
a los 7 gremios actuantes en la empresa,
para alcanzar un grado de sensatez en las
discusiones que permita a la empresa continuar
sus operaciones comerciales con normalidad.
Bastará
recorrer los antecedentes de los conflictos
anteriores, para advertir que han sido miles
los pasajeros perjudicados, argentinos,
españoles y de distintas nacionalidades.
Los vuelos demorados son una constante,
ya sea por huelga de maleteros, de azafatas,
de personal de rampa, de pilotos, o de quien
sea. Si algún pasajero exasperado
por las horas de maltrato levanta la voz
a una empleada, inmediatamente se dispone
la paralización de tareas al sentirse
agredidas. El clima, indudablemente, es
ideal para que –finalmente- el grupo
propietario abandone su propósito
de explotar la línea y deje de operar.
Y ofrezca, no el 20% sino el 5º% o
todo el paquete. Mientras tanto, a ningún
empleado le importan los derechos del pasajero.
Pero ya estamos acostumbrados a ello.
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