ACCIDENTES DE TRANSITO
Y RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTEAL
En
una nota anterior hicimos referencia a este verdadero
flagelo que azota a nuestro país, cual es los
accidentes de tránsito y su secuela de muertes,
heridos, inválidos, perdidas materiales, etc.
Hacíamos
un llamado especial a la población y en especial
a las autoridades para establecer las condiciones que
permitan evitar tantas calamidades.
Hoy volvemos
sobre el tema porque lo consideramos absolutamente relevante
para la calidad de vida de los argentinos.
Primero
vamos a enumerar las infracciones de tránsito
más frecuentes de las cuales derivan, muchas
veces, los trágicos accidentes:
Violaciones
de luz roja (especialidad de los conductores de colectivos)
No otorgamiento de la prioridad peatonal (responsabilidad
colectiva)
Falta de uso de cinturones de seguridad (alto porcentaje
de muertes al salir despedido del habitáculo)
Menores en el asiento delantero y ahora, peor aún,
las célebres “mascotas”
Falta de uso del casco en motociclistas (casi nulo su
uso en los repartidores de “delivery”
Exceso de velocidad y no conservar los carriles debidos
Mal estado de las cubiertas y del parque automotor en
general, etc.
Los cálculos
estadísticos derivados de estudios sobre el tránsito
vehicular en los lugares más significativos de
la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, revelan
que solo uno de cada doce mil infractores son sancionados
por la autoridad policial o municipal.
Vamos
a seguir con las estadísticas:
Según una de las fuentes consultadas, en el último
período analizado se produjeron 246 víctimas
fatales en la Capital Federal y 2,926 en la provincia
de Buenos Aires. Es decir que, en el primer caso, se
anota –en números redondos- una muerte
por año cada 10.000 habitantes. En la provincia
de Buenos Aires, sobre 13.827.203 habitantes registrados
en el último Censo Nacional de Población,
los muertos en accidentes de tránsito en igual
periodo fueron 2.926, es decir 2,11 cada 10.000 pobladores.
Es decir más del doble que en nuestra ciudad.
Cualquier
persona que haya transitado por las calles o rutas nacionales
o provinciales en el tramo que cruzan la provincia,
habrá notado la gran cantidad de vehículos
que aún circulan con las chapas patentes vencidas,
sin luces y en deplorable estado de mantenimiento. Esos
automotores (automóviles, camionetas, camiones)
no solo se “pasean” libremente sino que
pasan puestos de peaje y los escasos puestos camineros
de la policía provincial.
Quienes
conducen automóviles por autopistas de la provincia
difícilmente habrán visto a un policía
patrullando la misma, ya sea en automóvil o motocicleta
y, muchos menos, detener vehículo alguno.
La ley
estipula que todo automotor que transita las rutas del
país debe contar con un seguro que lo ampare
por el riesgo de Responsabilidad Civil (no comentaremos
aquí lo ridículo de las cifras fijadas
por la norma, irrelevantes frente a las secuelas de
un accidente). Pero lo importantes es que, lo han revelado
las entidades que agrupan a los aseguradores, únicamente
un 50% del parque automotor está asegurado. No
se crea el lector que este artículo es una promoción
a favor de las compañías de seguros. Lo
esencial es que la mayor parte de los coches no asegurados
son productores de accidentes, sus propietarios son
totalmente insolventes y, por tanto, las víctimas
quedan absolutamente desprotegidas. Aspecto que tomaremos
en otra nota.
Nuestro
propósito es poner de manifiesto que existe una
total responsabilidad de los funcionarios públicos
a cuyo cargo se encuentran las distintas dependencias
que deben vigilar y controlar el cumplimiento de las
leyes y ordenanzas vigentes. Incluyendo a los efectivos
policiales o policías municipales. Y sobre la
responsabilidad de estos funcionarios está la
de sus superiores, en las Direcciones, Subsecretarías,
Secretarías, Ministerios, Concejos Deliberantes,
Legislaturas y hasta del propio Ejecutivo de la Provincia
de Buenos Aires.
Desde
hace poco más de un año, la ciudad de
Buenos Aires enfrenta la dolorosa realidad de casi doscientas
víctimas fatales y muchas más con secuelas
del incendio del local de Cromagnon. Sin duda no existe
un solo habitante de este suelo que no desee se ejercite
el derecho y se haga la debida justicia, tanto con los
eventuales responsables como en la reparación
económica por tanto dolor causado. Cientos de
horas de televisión, miles de artículos
periodísticos, incontables horas en discursos,
centenares de miles de pesos del erario público
gastados en vigilancia, controles, reparación
de daños, etc. Miles de personas piden el Juicio
Político al Jefe de Gobierno ahora suspendido
y algunas han llegado a amenazar con vengarse en los
propios familiares del político acusado.
Sin embargo,
la tragedia de 2.926 víctimas fatales, las casi
10.000 heridas en estos hechos registrados en la provincia
de Buenos Aires, los cuantiosos bienes afectados, no
merecen más que una reprimenda aislada, vinculada
generalmente a la culpa del conductor: que estaba ebrio,
que manejaba con exceso de velocidad, que no tenía
el cinturón puesto, que era un chico menor de
edad, que se comprobó estaba drogado, que llevaba
ocho personas en el automóvil, etc. etc.
Todos,
o casi todos ellos, hubieran podido estar compartiendo
hoy la mesa familiar, el lugar de trabajo, el aula de
la casa de estudios, si los funcionarios encargados
de hacer respetar las leyes hubieran cumplido con su
trabajo. O se lo hubieran hecho cumplir.
De la misma forma que la ciudad de Buenos Aires responsabiliza
al Sr. Jefe de Gobierno, que es el Gobernador de la
ciudad, también debería exigirse igual
grado de responsabilidad al Sr. Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires, por no haber tomado los recaudos necesarios
para cumplir y hacer cumplir las leyes y ordenanzas
que rigen en su provincia. También hay una responsabilidad
política frente a las 2.926 muertes a que hemos
hecho mención.
Aníbal Lomba
Especial APRA www.nuevociclo.com.ar
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